El 15 de enero comienza oficialmente en Guinea Ecuatorial el Año Judicial 2017. Dentro de las actividades programas por la Corte Suprema de Justicia, el día 12 se ha desarrollado un coloquio sobre la mediación como medio alternativo en la resolución de litigios.

La organización de esta reunión surge para llegar a un acuerdo entre el Poder Judicial, la Cámara de los Diputados, el Senado y el Defensor del Pueblo, sobre la manera de remediar los conflictos sociales; ya que se ha constatado que algunos de estos órganos están excediéndose en sus funciones, por no ser órganos juzgadores.

La conferencia se ha iniciado con la llegada de los participantes a la sala de reuniones del Palacio de Justicia en Malabo II. El Presidente de la Corte Suprema de Justicia, Juan Carlos Ondo Angue, ha dado la bienvenida y agradecido la asistencia a los participantes en el coloquio, miembros de las comisiones de la Cámara de los Diputados, el Defensor del Pueblo y el Senado.

También ha destacado la necesidad de acortar el contenido del régimen jurídico de la mediación institucional encomendada a la Comisión de Quejas y Peticiones de la Cámara de los Diputados y recientemente a la Defensoría del Pueblo; ante una creciente demanda social de información sobre el funcionamiento de la administración de justicia.

Asimismo ha asegurado que, desde la instauración del derecho de quejas y peticiones y desde la aparición del bicameralismo, el Poder Legislativo ha venido realizando una función de mediación en litigios que enfrentan a ciudadanos entre sí y frente a la administración pública: “La labor de mediación de la Comisión de Quejas y Peticiones ha sido desde entonces tributaria del merecido reconocimiento social, al tiempo que se ha extendido a la solicitud de los justiciables, a cuestiones litigiosas pendientes en instancias jurisdiccionales. Lo cual ha conllevado, desde la consideración de las atribuciones constitucionales propias del Poder Legislativo, al cuestionamiento de la validez jurídica de la acción mediadora encomendada a la Comisión de Quejas y Peticiones, y de los mismos acuerdos adoptados en sede parlamentaria por las partes, en cuanto éstos recaían en procesos judiciales sub judice”.

Ondo Angue ha recordado que según el contenido de los artículos 54 y 55, en relación con los artículos 79 y 81 de la Ley Fundamental, incumbe al Parlamento la función legislativa y de fiscalización de la acción gubernativa mediante la potestad de interpelar y de requerir la comparecencia de los miembros del Gobierno, para rendir cuentas sobre su programa de política general o sobre asuntos específicos.

Para ello el Parlamento puede constituir comisiones de trabajo permanente o temporal, pero siempre en relación al ejercicio de las prerrogativas que le asigna la Ley Fundamental.

En cuanto a la Comisión de Quejas y Peticiones de la Defensoría del Pueblo, el Presidente de la Corte Suprema ha dicho que no puede obviarse la necesaria seguridad jurídica, respecto al cuestionamiento suscitado en torno a su conformidad con el vigente orden constitucional.

Los representantes de las comisiones de los órganos invitados al coloquio -entre ellos, el Senado representado por Silvestre Siale Bileka; el Defensor del Pueblo, representado por su Vicepresidente, Reginaldo Egido Panades, y la Cámara de los Diputados por José Pablo Nvo- han defendido la posición de estas instituciones en su actuación, según el marco jurídico.

El representante de la Cámara de los Diputados ha recordado que no existe ningún conflicto entre las tres instituciones, y si lo hubiera sería una mera interpretación teórica. Lo que sí debería existir entre estos tres órganos es la colaboración: “Lo que deberíamos discutir es la esfera de colaboración entre las tres instituciones, en la medida en que las normas que las habilitan funcionalmente son normas que habilitan a cada entidad las competencias por las que debe actuar”.

Reportaje: Clemente Ela Ondo Onguene (DGPWIGE)
Oficina de Información y Prensa de Guinea Ecuatorial

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