Se trata de compañías que supuestamente ejercen su actividad empresarial en Guinea Ecuatorial, pero que han incumplido la disposición gubernamental de construir sus sedes con instalaciones apropiadas para su cometido.

El primer ministro, Ignacio Milam Tang, ha firmado una orden de fecha 6 de diciembre, por la cual se anulan las autorizaciones de establecimiento y se clausuran las actividades en el país a un total de 22 empresas,  por  incumplir  la disposición del Gobierno sobre la construcción de sus sedes en Guinea Ecuatorial. En la misma orden, el Jefe del Gobierno da un plazo de tres meses a otras 28 que ya poseen terrenos concedidos por el Gobierno para que inicien sus obras y las concluyan en el plazo concertado con el Ministerio de Obras Publicas e Infraestructuras.

La orden  ha entrado  en vigor tras su publicación por los medios informativos oficiales y recuerda que, el Gobierno sancionó y publicó el Decreto numero 58 /2003, de fecha 18 de agosto, por el que todas las empresas establecidas o que se establezcan en el territorio de la Republica de Guinea Ecuatorial tienen la obligación de construir edificios emblemáticos con instalaciones apropiadas para sus sedes sociales.

Desde la fecha de la entrada en vigor de dicha Disposición, el Gobierno ha venido manteniendo reuniones de sensibilización con las empresas para tratar de que lleven a cabo tal obligación, obteniendo únicamente respuesta por parte de algunas de ellas, mientras que otras, han hecho caso omiso adoptando una clara actitud de indiferencia y de insubordinación ante el mencionado decreto.

Por eso, con el  fin de finalizar con esta situación y una vez que han vencido con creces los plazos que, excepcional y adicionalmente, se han venido concediendo, máxime con las facilidades ofrecidas por el Gobierno para la materialización de las referidas obras, el Primer Ministro ha hecho uso de las facultades que le confieren las disposiciones legales y vigentes,  y en especial el Articulo 5 del ya invocado decreto, para anular las autorizaciones de estos establecimientos en el país.

La orden también señala que las constructoras que estuvieren afectadas y se encuentren ejecutando obras del Estado concluirán las mismas, pero no podrán concurrir ni obtener nuevas obras, sean públicas o privadas, en el territorio nacional.

Texto: L. F. Rondó (Gabinete de Prensa Presidencial)

Oficina de Información y Prensa de Guinea Ecuatorial