Durante la jornada del jueves 26 de septiembre, la comisión ad-hoc de Energía, Industria, Minas y Turismo se ha reunido bajo la presidencia de Teresa Efua Asangono, Presidenta del Senado, en el hemiciclo de la sala de Congresos y Conferencias Internacionales de Ngolo, en la ciudad de Bata, para establecer la metodología de trabajo a seguir durante la ponencia del estudio del Proyecto de Ley de Minas de la República de Guinea Ecuatorial.

Dicha comisión se encarga del estudio preliminar de este instrumento legal, que se estructura en 128 artículos, así como siete títulos y disposiciones adicional, transitoria, derogatoria y una final, recopilados en 44 páginas, cuyo contenido ha sido revisado detenidamente esta jornada por los senadores.

Para el Gobierno, la adopción de este Proyecto de Ley en el Parlamento nacional, es de suma relevancia porque esta herramienta jurídica supondrá una fuente de crecimiento de ingresos para el país, si se tiene en cuenta que la actividad e industria minera constituye un sector estratégico e importante de la economía nacional, pudiendo incidir positivamente sobre otros sectores y factores socioeconómicos, de allí surge la necesidad de que el Estado establezca un marco jurídico apropiado que proteja y salvaguarde los intereses económicos y sociales comunes.

En este contexto, los senadores conscientes de esta realidad y animados por el espíritu de cooperación interinstitucional se han reunido para analizar de manera preliminar el Proyecto de Ley de Minas, cuyo estudio en primera lectura ha finalizado recientemente en la Cámara Baja del Parlamento con la participación de una delegación del Gobierno.

Es de señalar que el presente Proyecto de ley otorgaría al Estado a través del Gobierno y demás órganos las competencias de elaborar, aprobar y ejecutar el plan y los programas de desarrollo del sector minero, regular y reglamentar las actividades y operaciones mineras en todo el territorio nacional, garantizando la seguridad y el desarrollo sostenible de las mismas.

Asimismo, también otorgaría las concesiones, licencias y autorizaciones a los interesados para la investigación o aprovechamiento de los recursos minerales, y para la realización de actividades mineras, derechos mineros con carácter excepcional y previa justificación del interés público o utilidad pública, cuando existiere informes desfavorables para la realización de actividades u operaciones mineras en determinado espacio o lugar, así como declarar las áreas reservadas a favor del Estado, delimitándolas y regulando el régimen de su explotación y aprovechamiento, protegiendo la propiedad de los particulares y de cada consejo de poblado o comunidad de vecinos sobre sus terrenos.

Fuente: Gabinete de Prensa e Información del Senado
Oficina de Información y Prensa de Guinea Ecuatorial

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