Una reflexión sobre las últimas acciones judiciales llevadas a cabo en Francia, que en realidad atentan contra el derecho a la propiedad privada, protegida por la jurisprudencia gala.

En los últimos meses, la prensa internacional se ha hecho eco de las informaciones relativas al registro y embargo de la residencia Foch, lugar públicamente conocido como el domicilio parisino del Ministro de Estado de Agricultura y Bosques de Guinea Ecuatorial, Teodoro Nguema Obiang Mangue, hijo del presidente Obiang Nguema Mbasogo. Dicha propiedad era considerada, hasta no hace mucho, como “propiedad del Estado Ecuatoguineano”.

Aunque esta vivienda no ha sido reconocida por las autoridades francesas -y especialmente por el Ministerio de Asuntos Exteriores- como local diplomático, este hecho no tiene gran importancia, porque la realidad es que, tanto la residencia como sus bienes muebles, habían sido vendidos legalmente por el Ministro de Estado de Agricultura y Bosques a la República de Guinea Ecuatorial.

La inspección judicial, llevada a cabo por las fuerzas del orden de Francia en la residencia de la calle Foch de París, convocó a más de 150 hombres y a numerosos camiones de desalojo que se turnaron para vaciar el inmueble, y requisar los bienes pertenecientes a la República de Guinea Ecuatorial; todo ello sin tener en cuenta el ya conocido aforismo francés de “la posesión de los bienes muebles equivale al título”.

Pero lo cierto es que, para comprobar la pertenencia de dichos bienes, hubiera sido suficiente colocar simplemente unos precintos en la entrada del inmueble y realizar la investigación pertinente, lo cual hubiera evitado todo el embrollo diplomático y, de paso, tener que mostrar al vecindario “cómo se trata en París a los inversores extranjeros...”.

Teniendo en cuenta que la venta de este inmueble fue realizada con todo el mobiliario que contenía, resulta poco convincente que la justicia francesa se haya apropiado de los bienes de otro Estado, sin que se haya realizado la más mínima comprobación solvente de los hechos de la acusación. Para colmo, resulta que esta operación judicial -que ha dado lugar a un auténtico problema diplomático con Guinea Ecuatorial- se ha llevado a cabo por iniciativa de algunas instituciones como Transparency International France, cuyo responsable, Daniel Lebègue, posteriormente ha sido identificado como -nada menos- miembro del Consejo de Administración (Administrador) y Presidente del Comité de Auditores de la empresa TECHNIP, que actualmente trabaja en dos importantes proyectos en el sector del petróleo en Guinea Ecuatorial. Es decir, alguien que mantiene claros intereses económicos en nuestro país.

Aunque el Ministro de Asuntos Exteriores francés niegue que el local de la calle Foch tenga carácter diplomático, lo cierto es que el inmueble fue vendido por su antiguo propietario (el Ministro de Estado de Agricultura) al Estado de Guinea Ecuatorial en una operación totalmente legal, en la cual se pagaron todos los derechos fiscales y especialmente la plusvalía, la cual ascendía a más de un millón de euros. Un hecho que no pueden ignorar ni la justicia francesa, ni tampoco los jueces que han puesto en marcha este procedimiento confiscatorio y vejatorio.

No es osado afirmar, por lo tanto, que el código civil francés y, especialmente, su artículo 544 han sido violados con estas acciones, ya que este artículo concede el “derecho al disfrute y a la disposición de los bienes, de manera absoluta, siempre que no se haga un uso prohibido por la ley o las normas”. De este modo, el derecho a la propiedad goza de una protección especial en el derecho francés, puesto que ya se apunta en la declaración de los derechos humanos que tiene valor constitucional: “Siendo inviolable y sagrado el derecho de propiedad, nadie deberá ser privado de él, excepto en los casos de necesidad pública evidente, legalmente comprobada, y en condiciones de una indemnización previa y justa”.

Según los términos del artículo 1 del Primer Protocolo Adicional al Convenio Europeo de Derechos Humanos, este caso es también objeto de una protección especial, cuya violación puede ser sancionada por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos.

El caso se complica además con el hecho de que, durante estos largos años de procedimiento, solamente se ha escuchado a los demandantes y en ningún momento se les ha pedido a las personas implicadas dar explicaciones sobre sus adquisiciones. Los jueces han preferido las investigaciones ocultas, los registros a notarios o las comisiones rogatorias en busca de información de los proveedores; auténticos trabajos “de hormiguita” que, incluso, han resultado más que costosos para los contribuyentes franceses.

Los siguientes pasos en la causa sumarial despejarán las dudas de si nos encontramos ante un posible caso de error judicial, y de si los derechos de los ciudadanos extranjeros que invierten en Francia, pagando todos sus impuestos y obligaciones, sin exención fiscal y sin gozar de los nichos fiscales otorgados a ciertos Estados y a sus residentes, están realmente protegidos en el país galo.

Oficina de Información y Prensa de Guinea Ecuatorial.